Por Lic. Jaime Noé Villalta Umaña
A partir de ese año, El Salvador adquiere el compromiso de velar por los niños, pero los cambios no se gestan de manera inmediata, sino lenta y gradualmente.
Es el 20 de noviembre de 1959 que fue firmada la Declaración de los Derechos del Niño, por la Organización de las Naciones Unidas, la cual proclamó el derecho de la infancia de todo el mundo a recibir un cuidado adecuado, éste debe ser brindado por los padres, la comunidad y por el gobierno.
En 1989, treinta años más tarde, se firma “La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”, intentando con ésta, robustecer la legislación internacional sobre derechos básicos del niño; sin embargo, el gobierno de El Salvador la firma el 26 de enero de 1990 y la Asamblea Legislativa la ratifica el 27 de abril del mismo año. A partir de entonces empieza toda una serie de reformas en la legislación secundaria, derogándose incluso el Código de Menores, el cual surgió como una legislación que venía a proteger los derechos de la infancia. Esto se logra gracias a los esfuerzos de la Asociación Pro Infancia, que fue una de las instituciones que comenzó a trabajar por los derechos de los niños salvadoreños. Ahora bien, este Código se volvió obsoleto debido a los cambios que se gestaron con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; por lo que aparece en la escena, el Código de Familia y la Ley del Menor Infractor. Esta última reformada en su contenido y en su nombre; pues actualmente, se denomina “Ley Penal Juvenil”.
En ese sentido, podemos observar que existe todo un marco jurídico que respalda el accionar de las instituciones que trabajan en beneficio de la infancia, tales como la Secretaría Nacional de la Familia, la Secretaría de la Juventud — inhabilitadas por el gobierno de turno o al menos creo les han dado un nombre distinto —, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro de la cual está la Procuraduría Adjunta para los Derechos del Niño. Esta última tiene la finalidad de vigilar que las instituciones del Estado cumplan con las obligaciones contraídas en beneficio de la niñez salvadoreña; como también difundir, promover y educar a la población en lo que se refiere a los derechos del niño.
Si bien es cierto, lo expuesto ha cobrado especial relevancia en la vida de los salvadoreños, más importante aún, es potenciar la erradicación de la pobreza que viven muchos niños, no se debe olvidar el terror inmisericorde que se comete contra ellos. Niños y niñas que deambulan por la calle pidiendo limosna para poder comer, que duermen en las aceras, que desean poder consumir un mendrugo de pan. Por otra parte, la Constitución de la República de El Salvador del año 1983, proclama que el Estado garantizará el desarrollo integral de los menores; pero las familias salvadoreñas no tienen los salarios dignos que les permitan criar, educar y asistir integralmente a sus hijos, pues más de la mitad de salvadoreños obtienen como ingreso diario la risible cantidad de un dólar. Realmente resulta paradójico, pedir a una familia que satisfaga todas las necesidades de sus hijos viviendo en las condiciones económicas indicadas.
Algunos que dicen: “la familia es la principal responsable de la formación de los hijos”, una manera demagógica que tienen las autoridades de gobierno de evadir la responsabilidad que constitucionalmente les corresponde.
Por tanto; a continuar luchando para hacer valer los derechos de todos los niños, para que se esté en la capacidad de generar la transformación que se necesita, para vivir en un mejor El Salvador en paz, justicia y libertad.